SI LOS MILITARES SALEN A LA CALLE, LAS REGLAS DEBEN ESTAR CLARAS

Durante años hemos escuchado la misma discusión: cada vez que la delincuencia se desborda o el crimen organizado demuestra una capacidad que parece superar a las policías, surge inmediatamente la pregunta de si las Fuerzas Armadas deben salir a la calle.

Un militar no es un carabinero y no podemos pretender que actúe como tal. Las Fuerzas Armadas tienen otra formación, otra doctrina y, principalmente, otra misión. Un soldado está preparado para enfrentar una amenaza y neutralizarla. No fue formado para perseguir al delincuente común.

Es un error creer que basta con colocar militares en las calles para solucionar el problema de seguridad.

Hay situaciones, sin embargo, donde el Estado sí debe estar dispuesto a utilizar toda su capacidad.

Cuando enfrentamos organizaciones criminales con armamento de guerra, estructuras jerarquizadas, grandes recursos económicos y capacidad para controlar territorios, ya no estamos hablando simplemente del delincuente que roba una casa o asalta un negocio. Estamos frente a una amenaza mucho más compleja.

Ahí aparece una pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando la capacidad de fuego de los delincuentes supera a quienes deben enfrentarlos?

No podemos pedirles a nuestras policías que resuelvan solas cualquier escenario imaginable, pero tampoco podemos enviar militares a las calles, ordenarles enfrentar delincuentes fuertemente armados y después juzgar sus decisiones como si hubieran participado en un procedimiento policial convencional.

Si el Estado decide emplear a las Fuerzas Armadas, debe hacerlo con reglas claras desde el primer minuto: misión definida, conducción militar, reglas precisas para el uso de la fuerza y respaldo jurídico para quienes cumplen esas órdenes.

Las Fuerzas Armadas no pueden terminar subordinadas operativamente a las policías cuando realizan una misión militar. Puede y debe existir coordinación, pero cada institución tiene capacidades, responsabilidades y cadenas de mando distintas.

No debe haber militares permanentemente patrullando nuestras calles, eso significaría que como sociedad fracasamos en construir un sistema de seguridad pública capaz de funcionar normalmente.

Pero tampoco podemos tener Fuerzas Armadas convertidas en simples espectadores cuando Chile enfrente amenazas que superen las capacidades policiales.

Y aquí está, uno de los puntos más difíciles de esta discusión: si el Estado ordena actuar, también debe hacerse responsable de las consecuencias de esa decisión.

En un enfrentamiento armado pueden existir heridos e incluso muertos. Es una realidad dura, pero sería irresponsable ocultarla. Por eso las reglas para el uso de la fuerza deben establecerse antes y no después de ocurrido un enfrentamiento.

Lo que no puede suceder es que un militar reciba una orden legítima, cumpla una misión encomendada por el Estado, emplee su arma dentro de las reglas establecidas para neutralizar una amenaza y posteriormente ese mismo Estado mire hacia otro lado mientras el militar termina sentado en el banquillo de los acusados o incluso en la cárcel.

Eso no significa otorgar impunidad. Si alguien actúa fuera de la ley o excede injustificadamente el uso de la fuerza, deberá responder. Pero tampoco podemos exigirles a los militares que enfrenten delincuentes armados mientras desde la comodidad de un escritorio esperamos que, en segundos y bajo fuego, adopten decisiones sin posibilidad de error.

Hay momentos en que el Estado debe demostrar que sigue teniendo el control.

Y si decide utilizar una de sus últimas herramientas de fuerza para recuperarlo, debe asumir completamente esa decisión: dar la orden, establecer las reglas y respaldar jurídicamente a quienes actuaron correctamente cumpliendo la misión que el propio Estado les encomendó.